Técnica Superior del Síndic de Greuges, donde ejerce como responsable del Área de Igualad. Consuelo Catalá es enfermera de profesión y, además, cuenta con una dilatada trayectoria política, siempre vinculada a los derechos de las mujeres. De hecho, fue una de las integrantes más activas de los grupos pioneros que durante los años 70 lucharon por la normalización de la prestación del aborto. Con todo, se trata de una referente en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Formaste parte del Comité para la redacción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Qué valoración haces ahora que ha pasado una década desde su aprobación?
Para mí, lo he dicho muchas veces, fue un privilegio. Venía de los grupos que habíamos hecho abortos en condiciones de ilegalidad, tanto en casas como en la clínica (Colectivo Acuario de Salud) y poder transmitir la experiencia a las personas especialistas en distintas disciplinas (ginecología, catedráticas de derecho constitucional, juristas de los gabinetes ministeriales implicados…) fue una oportunidad para que se conociera una realidad muy diferente a la que se percibía socialmente.
Desde la despenalización parcial del aborto en el año 1985 se había estado resolviendo la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en las clínicas privadas, pero a través de los cauces de la red sanitaria pública, por lo que las mujeres y sus familias entendían que el aborto voluntario estaba legalizado. Y la sociedad en general. Nada más lejos de la realidad: jurídicamente solo estaba despenalizado en tres supuestos y ello suponía que, ante denuncias del tipo que fueran, incluidas redadas y atropellos, a las clínicas por parte de jueces recalcitrantes, la justicia estaba obligada a investigar cada una para asegurar que esos abortos se encontraban dentro de los tres supuestos despenalizados (citaciones a mujeres, personal sanitario, cierre de clínicas, utilización de los informes psiquiátricos en procesos de separación…).
Ya han pasado 10 años desde la aprobación de La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Para mí, la importancia de esta Ley radica en que la columna vertebral de la norma es “la libre decisión de la mujer” para todos los derechos y prestaciones que luego va desgranando. Por eso, el art. 3, Principios y ámbito de aplicación de la ley, es la clave de la Ley. Por primera vez en el ámbito legislativo en nuestro país se reconoce el derecho a la maternidad. En concreto, destaco los apartados 2 y 3:
- Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida.
- Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Esto no es una casualidad. Las mujeres feministas que estábamos en ese Comité éramos conscientes de que esta era una Ley “a largo plazo”. ¡La despenalización anterior duró 25 años! Y sabiendo lo rápido que la ciencia médica avanza en esta área, debía contemplarse en la norma el derecho a la maternidad libremente elegida.
Esta Ley tiene dos partes bien diferencias. Para mí, la primera parte De la Salud Sexual y Reproductiva que abarca siete artículos (del 5 al art. 11) y que engloba las políticas públicas, las medidas en el ámbito educativo y sanitario, así como la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, es la que da el sentido integral al desarrollo y acceso a los derechos sexuales y reproductivos y que, prácticamente, no ha sido desarrollada. La segunda parte, De la Interrupción Voluntaria del Embarazo que abarca del art. 12 al 23, ha servido para que, de manera generalizada, en todos los territorios se cumpla el art. 14 (se tramite la IVE en las primeras 14 semanas sin más que la petición de la mujer).
En relación a las mujeres menores de 16 y 17, se produjo un retroceso en 2015 al aprobar el PP la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. En la actualidad, no podría asegurar que esté derogada, pero sí en trámite de derogación. Tengo que destacar que, aunque no sea muy visible, el tema de la aprobación de la IVE por causas médicas en el 2º trimestre de embarazo por parte de los Comités Clínicos está siendo conflictivo según comunidades autonómicas (CCAA).
Dado que las competencias en sanidad están transferidas a las CCAA, el desarrollo de la Ley 2/2010 ha dependido mucho de la voluntad política de los gobiernos de turno. En 2010, y en cumplimiento del art. 11, se aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que tiene una duración de cinco años y evaluación bianual. No obstante, a día de hoy ni siquiera sé si realmente se realizó la evaluación bianual y, desde luego, no tengo conocimiento de que esos datos se hicieran públicos. En cualquier caso, su vigencia caducó hace ya cinco años.
Por ello, considero que es urgente que, en cumplimiento el art. 11, se vuelva a realizar una nueva estrategia. De esta manera, y mediante indicadores unificados, se podría evaluar la implantación de la Ley, las dificultades para ello y las vulneraciones de derechos concretos en el acceso a las prestaciones. Y no solo en relación a la parte de las prestaciones sanitarias, sino también en el ámbito educativo, etc.
De un tiempo a esta parte se habla más públicamente de la violencia obstétrica. ¿Qué prácticas son frecuentes en España y cómo debemos combatirlas?
A nivel global y en particular en nuestro país, la enmarcaría en dos niveles interconectados. Por un lado, los obstáculos que impiden a las mujeres y sus familias ejercer los derechos sexuales y reproductivos en general y que tiene que ver con el cumplimiento del mandato patriarcal, de la obligación de reproducir la especie, de ahí los roles de género adscritos al sexo, a las mujeres: ser madres y esposa (esto último en función de los tiempos en los que se viva). Y, por otro, la denuncia de la mala praxis que en la actualidad existe en el ámbito de los derechos sexuales (DDSS) y derechos reproductivos (DDRR).
El Informe de la Relatora de la ONU de 2019 sobre el Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, aunque su eje central es la atención al parto y nacimiento, también va más allá. Así, por ejemplo, en algunos sitios se sigue racaneando la información de que la prestación del aborto voluntario es legal (algo obligatorio) y se obstaculiza el acceso. O, por ejemplo, se informa de un solo método para realizar la IVE o se utilizan métodos agresivos (quirúrgicos) en las IVEs de menos de 14 semanas en vez del método Karman por aspiración u otros.
Esto último está sucediendo en algunos de los hospitales públicos en los que están haciendo IVEs y tiene que ver con la falta y/o negación de la administración en garantizar la formación o con la reticencia e, incluso, negativa del personal sanitario en formarse y aprender. Método, por cierto, que las clínicas acreditadas están utilizando desde el principio de los tiempos y cuya enseñanza estarían dispuestas a impartir.
Igualmente, podríamos hablar de los métodos anticonceptivos ofertados mayoritariamente, en el sentido de si se está dando una información suficiente sobre pros y contras, de cómo interfieren en la libido (contradicción principal de los métodos, porque la finalidad es el disfrute y el placer sin la angustia de quedar embarazada) o cómo agudizan malestares y trastornos (dolor cabeza, problemas de coagulación…).
Y, por supuesto, en el ámbito del embarazo, parto y nacimiento, en donde además del marco legislativo general que proporciona la Ley 2/2010, existe la Estrategia de Atención al Parto Normal desde 2007, así como otros documentos concretando dicha Estrategia, de la que se tuvo conocimiento de una evaluación, creo que alrededor del año 2012, y cuyos datos siguen siendo de difícil acceso. Esta es otra de las Estrategias a revisar con el objetivo de realizar una nueva en base a dicha evaluación y los derechos de las mujeres embarazadas y los bebés.
La crisis del coronavirus ha evidenciado los problemas de conciliación existentes especialmente para las mujeres. Si de ti dependiese, ¿qué medidas políticas implementarías para atender a las necesidades sociales de corresponsabilidad y cuidados?
No tengo una varita mágica, pero es evidente que el teletrabajo es un arma de doble filo para las mujeres. Desde luego, yo puedo querer trabajar en casa, pero no que el trabajo sea mi casa. Entiendo que hay una premisa antes de hablar de esto y es que el teletrabajo debe ser una elección.
A partir de ahí, supone plantear medidas en dos direcciones. Unas relativas al desarrollo mismo del teletrabajo, elaborando normas concretas que abarquen muchas cuestiones, desde la posibilidad real de desarrollar (imaginemos a alguien que no tiene espacio adecuado y que no tiene solución por mucho que quiera o que no tiene los instrumentos, cosa que la empresa debería facilitar) y otra como conciliar los derechos laborales y la vida personal.
Personalmente, considero una trampa que se hable de que el teletrabajo permite conciliar. Creo que va a suponer un paso atrás como no seamos rápidas. Resulta que en el trabajo presencial hay un abanico para que uno de los dos progenitores pueda acogerse a bajas, reducción de jornadas, etc., incluida la lactancia. Y, ahora, parece que eso lo vamos a hacer a la vez que trabajamos en casa. ¿Y quiénes? Pues si ya ha sido lenta la incorporación de los varones a dichos permisos… Ahora ya ni hará falta. Se supondrá que la mujer, a la vez que trabaja en casa, cuidará a quien toque. Creo que los permisos laborables, en la actualidad, están para que las personas se dediquen en cuerpo y alma a las personas de su entorno que lo necesiten. Encima, las mujeres vamos a tener que cumplir el rendimiento laboral con el doméstico. El relativo a la lactancia es particularmente “peligroso”, porque quitará a las mujeres y al bebé el tiempo y el espacio necesario de tranquilidad y de potenciar el apego, tan necesario para esa etapa de la vida.
¿Qué diferencia existe entre los conceptos de “maternidad” y “maternaje”? ¿Cuál es su importancia para establecer políticas y roles desde la igualdad?
Creo que se conoce mi vinculación con los derechos sexuales y reproductivos desde mi implicación en el trabajo que inició el Colectivo Acuario de Salud. He parido en casa (¡hace ya 30 años!), he dado de mamar a mis hijas, etc.
El trabajo en relación al nacimiento sin violencia, asistiendo partos en casa, pero sobre todo en la maternidad desde coordenadas de libertad y de respeto, tiene que ver con la evidencia científica de que la anticoncepción, al separar la sexualidad del fenómeno biológico de la reproducción, posibilitó rescatar la maternidad. Se inició un camino inédito en nuestra cultura más reciente de vivencia del embarazo y del parto como actos voluntarios y conscientes (desde el deseo, la vivencia activa de la madre y corresponsabilidad).
Se inicia la “valoración social” de la maternidad como decisión personal al margen de consideraciones “ideológicas” (hijos ilegítimos, naturales, etc.) y eso queda plasmado en la educación, la cultura y la legislación. La anticoncepción, por lo tanto, posibilita también rescatar el concepto de socialización de la maternidad como deseo sexual consciente y, por tanto, libre.
Una socialización que amplía el abanico de posibilidades de vivencia de esa maternidad y/o paternidad consciente y gozosa, tanto para mujeres como para hombres, a través de la adopción y a la luz de las nuevas técnicas de reproducción asistida. Esto último, también fenómeno inédito en la historia de la humanidad.
Un abanico que enlaza, otra vez, con lo arcaico en el sentido de recuperación de la crianza socializada y en donde deberíamos, como sociedad avanzada, encajar los conocimientos saludables que ya poseemos con la vivencia de la maternidad y de la paternidad para esa futura sociedad de paz. Conocimientos como la importancia de la lactancia en la primera hora de vida, la no separación de la madre, etc.
El término de parto normal utilizado, por ejemplo, en la Estrategia, o de parto respetado, a mi entender no es un término que abarque ni transmita la dimensión de lo que significa esa práctica. Me gusta e intento siempre difundir el de “nacimiento sin violencia”, porque creo que conecta con un fin mayor que es trabajar por una sociedad mejor, sin violencia, por la paz.
Desde la convicción de que el pensamiento maternal cumple un papel central para la cultura de paz, debemos tratar de identificar cuáles son las características del trabajo maternal sobre las que se asientan capacidades cognitivas, actitudes, virtudes y creencias que conforman un tipo de razón que estaría modelada por la responsabilidad y el amor, en lugar de por el distanciamiento emocional, la objetividad y la impersonalidad. Un tipo de razón que consideramos necesaria para caminar hacia un mejor entendimiento entre las mujeres y los hombres. En definitiva, para una sociedad en paz. Y desde las reflexiones actuales en torno a la cultura para la paz se empieza a hablar de distinguir entre cuidado y práctica maternal.
Algunas autoras definen la práctica maternal, el maternaje, como el aprendizaje social de mujeres y hombres en torno al cuidado y mantenimiento de la vida y la salud del/a niño/a según los conocimientos actuales, sus necesidades de crecimiento en condiciones óptimas (todo lo relativo a la crianza), y al logro de la aceptabilidad social por parte del grupo de referencia.
Si a esta definición se une que a nivel práctico es posible entrar de lleno en el hecho maternal, que incluye el proceso biológico de la reproducción a mujeres y hombres hasta ahora proscritos por sus opciones sexuales no coitales o por sus enfermedades, es evidente que aumenta la necesidad del maternaje como práctica social y que éste debe plantearse en todos los escenarios a los que estamos asistiendo en este siglo.
Unas prácticas que pasan por desarrollar y potenciar figuras como “las madres de leche”. Potenciar el apego y el vínculo en las primeras horas de vida del bebé. Promocionar los grupos de apoyo a la lactancia, a la crianza y a la maternidad. Rediseñar los “bancos de leche”, más allá del uso en la enfermedad y/o las urgencias. Y, por supuesto, favorecer un parto y un nacimiento natural, fisiológico, sin violencia. Es empezar a plantear alternativas en el marco de la Salud/Bienestar, que supongan una mejora para la crianza de las hijas/os, sin distinción de la forma en la que han sido concebidos o gestados o del tipo de familia de la que forman parte.
Al igual que el matrimonio homosexual equipara los derechos de las personas sin distinción de su opción sexual, las prácticas de maternaje social deben favorecer el bienestar de los/as bebés y la normalización social de sus familias. Teniendo claro que cualquiera de las prácticas de maternaje que se desarrollen deben partir de la premisa de la libre decisión de la mujer. Unas prácticas de maternaje que, en el marco del Estado de Bienestar, se traduzcan, a su vez, en derechos de ciudadanía (ampliación de permisos maternales/permisos parentales/permisos de cuidados/ acceso a NTR). Los derechos son de las criaturas, no de las y los progenitores.
¿Cómo hacer para que dejemos de ser cuestionadas por la maternidad y la no maternidad?
Al principio de la entrevista ya he esbozado que el mandato patriarcal por excelencia es la obligación de que las mujeres seamos madres. La razón es una verdad de Perogrullo. Hoy por hoy, en las mujeres reside el poder de la reproducción de la especie. Casos singulares pueden darse, en la actualidad, como hombres trans, que pueden embarazase y parir por seguir teniendo útero, etc. Pero eso me parece irrelevante en el argumento central del mandato patriarcal.
Por lo tanto, mientras no se pueda reproducir la especie fuera del cuerpo y de las emociones de las mujeres, ese cuestionamiento siempre estará ahí. Y no porque se haga una reflexión teórica y de forma deliberada, sino sencillamente porque, siendo una capacidad objetiva ligada al sexo, tenemos incrustadas en las encías (por los roles de género), tanto mujeres como hombres, que esa capacidad, la de ser madres, debe desarrollarse y, cuando no se hace, se cuestiona (individual y socialmente) esa negativa.
Siendo lo referido en el párrafo anterior cierto, también lo es que las mujeres, de forma consciente o inconsciente, nos planteamos si queremos o no desarrollarla. Y esa decisión no es la misma a lo largo de nuestra vida reproductiva. Así, cuando usamos anticoncepción, estamos decidiendo que no queremos desarrollarla. O cuando decidimos abortar voluntariamente. O cuando decidimos que sí y nos embarazamos. O cuando decidimos conscientemente no querer tener hijos nunca.
El cuestionamiento individual cuando no desarrollamos la capacidad de ser madres (agobiadas por no quedar embarazadas; por nuestro reloj biológico; por nuestra realidad de pareja…) podría ser uno de los motivos de la alta demanda de usuarias de las Tecnologías de Reproducción Humana Asistida (TRHA).
No obstante, creo que, dado el momento en el que nos encontramos en el feminismo de debate entre sexo-género e identidad sexual, estaría bien hacer una reflexión sobre la maternidad en profundidad.
En la actualidad, se da la paradoja de que, por un lado, hay un desarrollo en torno a los derechos de mujeres y bebés en el embarazo, parto y crianza; y, por otro, un desarrollo exponencial en torno a las TRHA. Y en ese contexto sitúo también la Gestación por Sustitución (GS) legal en algunos países. Advierto que uso ese término porque es el que es utilizado en la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Considero que los derechos de las mujeres y bebés en torno al parto y nacimiento deberían ser extensivos a todos los procesos contemplados en las TRHA.
Para finalizar, quisiera hacer referencia a dos libros, Por un nacimiento sin Violencia y Génesis hombre ecológico, de Frédérick Leboyer y Michel Odent, respectivamente; que fueron decisivos en la forma de entender y practicar la salud en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de las personas que trabajamos en el Colectivo Acuario de Salud.
Para mí, los nuevos derechos de ciudadanía y los derechos del nacimiento tienen su nexo de unión en la Génesis del hombre ecológico. Un libro que, hace ya 44 años, apostaba por la implicación de los hombres en el acontecimiento del nacimiento e iba en la dirección de que éstos consideraran como valor las actitudes y el comportamiento de lo femenino. Un libro en donde se unía la forma de nacer a la ecología y, por tanto, a la paz como concepto de nueva sociedad.