Jurista especializada en políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades. Dirige la Fundación Mujeres desde 2001 y forma parte del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género desde 2006. Además, es responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Marisa Soleto (@msoleto) es una de las personas más reconocidas en el movimiento feminista español contemporáneo.
Ahora que han pasado tres años desde su aprobación y puedes tomar cierta perspectiva sobre su aplicación, ¿qué valoración harías del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
Cada vez que me han preguntado por el Pacto de Estado contra la violencia de género siempre he dicho que me gustó mucho la forma en la que se elaboró, con una amplia participación social, política e institucional, pero que se trata de un acuerdo político que ha tenido muy mala suerte en su ejecución y seguimiento. La inestabilidad política primero y, ahora, el Estado de Alarma y la crisis que está provocando el coronavirus son contextos que no están permitiendo el despliegue total de las medidas y dificultan, también, que podamos tener un seguimiento preciso y evaluación de las medidas.
Se están haciendo esfuerzos para el cumplimiento de las medidas, pero de una forma muy accidentada y no siempre con los mecanismos adecuados. Aun así, algunas de las medidas creo que son buenas. Valoro como especialmente positiva la recuperación de las políticas locales en materia de igualdad y prevención de la violencia de género y la financiación de medidas desde el Gobierno a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Sería necesario evaluar estas medidas y, probablemente, hacer orientaciones sobre cómo invertir estos fondos, pero indudablemente hemos incrementado la posibilidad de dar respuesta a la sensibilización social o los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas.
Deseo que este Pacto de Estado pueda tener un periodo de “normalidad política” para que se puedan poner en marcha los mecanismos que tiene previstos. Si esto no se produce, creo que es evidente que habrá que prorrogar su validez para que se puedan poner en marcha las medidas que contiene.
¿Crees que es necesario realizar algún cambio jurídico o que la legislación vigente es suficiente para actuar contra esta lacra?
El propio Pacto de Estado prevé varias modificaciones legislativas para mejorar la respuesta institucional contra la violencia machista. Está pendiente la Ley contra la violencia sexual, pero también cambios en los procedimientos judiciales. Estamos a la espera de que las instituciones y los poderes públicos responsables del cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado den respuesta a estas modificaciones legales que, desde mi punto de vista, son imprescindibles.
De un tiempo a esta parte centras gran parte de tu trabajo en menores afectados/as por la violencia de género. ¿Qué se tendría que hacer para protegerles más y mejor?
Sencillamente, prever medidas de protección que estén adaptadas a las necesidades que tienen. El problema que hemos tenido es que los niños y las niñas han sido invisibles respecto del sistema de protección a las víctimas de la violencia de género aun cuando sabemos casi desde el principio de la aplicación de esta legislación en nuestro país que se trata de víctimas directas.
Se están mejorando poco a poco algunas medidas, pero es importante consolidar y reforzar algunas de ellas. Por ejemplo, es imprescindible generalizar el alejamiento del agresor de los hijos e hijas de las víctimas de la violencia de género. También es necesario mejorar las medidas de apoyo y ayuda a las familias. El año pasado se mejoró el acceso de los huérfanos y huérfanas de la violencia de género a las pensiones de orfandad, pero ni se cubren todos los supuestos, ni supone una protección general para menores víctimas en los supuestos en los que no se produce un asesinato.
Desde el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto hemos realizado algunas propuestas para mejorar la protección a menores y estamos trabajando en este momento en algunas recomendaciones para mejorar esta protección, tanto en el procedimiento judicial como en la protección social.
La solidaridad de la sociedad civil también es un instrumento muy importante en estos casos. Las organizaciones no gubernamentales podemos llegar allí donde es muy difícil que lleguen las administraciones públicas. Necesitamos respaldo social y de las administraciones públicas para continuar con nuestra labor.
Las mujeres siempre nos vemos especialmente afectadas en las situaciones de crisis. En tu opinión, ¿cuáles son las principales medidas públicas a adoptar actualmente para no retroceder en igualdad de género?
Se está trabajando mucho en las consecuencias y el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la situación de las mujeres y la igualdad. Sabemos que hay que analizar no sólo los impactos sobre la salud y los servicios sanitarios sino, también, sobre las consecuencias de la crisis económica sobre los derechos de las mujeres.
Es imprescindible que cualquier estrategia sobre la recuperación esté pendiente de cómo participan de las medidas mujeres y hombres para evitar que pase lo que ha pasado en crisis anteriores, en las que las mujeres han tardado mucho más en recuperarse de los efectos económicos y especialmente el empleo.
Estamos construyendo una nueva normalidad, como nos repiten reiteradamente desde las instituciones. Una nueva normalidad donde será necesario tener en cuenta cuestiones como el cuidado de las personas, la seguridad de las mujeres y la igualdad en las relaciones laborales en un contexto en el que el teletrabajo va a tener un peso mucho mayor. Si no se incorpora a las soluciones que se establezcan un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, podría haber severos retrocesos. El feminismo y el análisis de las desigualdades tienen que estar presentes en cualquier plan de reconstrucción que se emprenda.
El feminismo es un movimiento muy diverso. Por tanto, ¿las discrepancias que existen son algo natural? ¿O deberíamos preocuparnos por posibles grietas insalvables?
El debate interno y la discrepancia han sido una constante dentro del feminismo. En España, además, el feminismo es un movimiento muy vivo y, por lo tanto, genera mucho debate. Esto es bueno porque nos permite avanzar y, además, hacer llegar mucha información sobre los objetivos y la agenda feminista a toda la población.
Lo preocupante no es este debate, que a mí me parece positivo, el problema es que hay quienes participan de este debate desde posiciones pretendidamente feministas que, en realidad, no lo son y cuyo objetivo es desacreditar a una parte importante del feminismo.
Sería muy largo de detallar. Algunos temas como la prostitución o los vientres de alquiler cuentan con voces que están construidas desde la defensa de intereses particulares y no desde una defensa estructural de la igualdad entre mujeres y hombres. Lo mismo sucede con alguna de las posiciones del autodenominado transfeminismo, en las que la defensa a ultranza de la libre definición de la identidad se pone por encima de los derechos colectivos de ciudadanía del resto de la sociedad o, incluso, se invalida a las mujeres como sujetos políticos.
Estos debates han buscado alojarse dentro del debate de la igualdad, precisamente, porque en el feminismo se debate, pero algunas de estas propuestas simplemente ignoran los derechos de las mujeres y la base social, legal y política sobre la que está construida el principio de igualdad. Está siendo, además, un debate muy bronco y con mucho ruido, pero es necesario seguir trabajando en una respuesta que no puede ser otra que la defensa de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. No podemos dejar que este debate ponga en riesgo los avances legales y sociales que se han conseguido en materia de igualdad en las últimas décadas.